Prensa MPPEU / OPSU
Texto: Martín Emiro González
Para el presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol), William Vanegas, las acciones de paro que mantiene la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) no se corresponden con la política de diálogo que viene implementando la titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), Marlene Yadira Córdova.
El también rector de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” dijo no entender tampoco la reiterada campaña mediática de las autoridades universitarias no afectas al proceso revolucionario, en cuanto a responsabilizar el Gobierno (Mppeu) de asfixia presupuestaria a las instituciones, cuando desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) se tienen pruebas de todo lo desembolsado este año a través del presupuesto ordinario y de créditos adicionales para gastos de funcionamiento, personal y providencias estudiantiles.
Recordó que todas las y los rectores participan, a través de sus equipos técnicos, en las mesas de trabajo, incluyendo a los de las universidades autónomas, así que “no entendemos como no hay una discusión entre su cuerpo técnico y sus autoridades gremiales, porque ahí se discuten los puntos que son argumentos para justificar los paros, como el caso de los pasivos laborales”, que es el grueso de la deuda universitaria, puntualizó.
En ese sentido, expuso que son “las universidades (con autoridades) de oposición” las que han demorado en la entrega de la información solicitada (data) para el pago de las deudas pendientes con los trabajadores (prestaciones sociales y sus intereses), entre otras. “Hay el compromiso político de pagarlas”, precisó.
Vanegas reiteró además que "no hay razón ni motivo alguno para los paros escalonados (…), ese método de lucha no es más efectivo que las mesas de diálogo que ha abierto el Ministerio (Educación Universitaria) en la búsqueda de soluciones a los problemas presupuestarios, que reconocemos tienen todas las universidades, las autónomas, las bolivarianas y el resto de la comunidad universitaria". Asimismo, consideró que son las autoridades de los gremios y de las universidades quienes asfixian a las casas de estudios al cerrarlas en una moral de doble discurso.
En este punto coincidió la rectora de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”, Berta Pulido León, al manifestar que hay una clara intención de parte de las autoridades de esas academias de no tomar medidas para tener un colchón que permita esperar en los momentos más difíciles mientras llegan los recursos vía créditos adicionales, sino que agudizan la crisis para que haya una molestia entre los estudiantes, y hay una posición de obstaculizar los procesos y el libre funcionamiento de estas instituciones.
Le resulta incongruente como las universidades autónomas se llevan la mejor parte de la asignación presupuestaria, atienden menos cantidad de estudiantes y son las que dicen presentar mayores dificultades para su desenvolvimiento, mientras que otras universidades experimentales y politécnicas territoriales vienen incrementando su matrícula y mejorando sus providencias estudiantiles.“En nuestras instituciones no ha habido en los últimos años razones para que las y los estudiantes protesten por falta de transporte, de becas ni por el comedor”, ejemplificó.
Por su parte, Enry Gómez, rector de la Universidad Politécnica Territorial de Sucre “Clodosbaldo Russián”, admitió que hay un presupuesto base que ha permanecido estable en el tiempo, pero que también es cierto que hay cualquier cantidad de créditos adicionales que permiten el funcionamiento armónico de las casas de estudio. “Es completamente falso que se asfixian a las universidades en este proceso, lo que ha querido el Gobierno Bolivariano es clarificar las cuentas, sobre todo de las autónomas, donde entran los ingresos, pero nunca se sabe en qué se gastan”.
Asimismo, Gerónimo Sánchez García, rector de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento “Argelia Laya”, destacó que es el momento preciso para que el Gobierno nacional defina una nueva forma de distribución de los recursos que el Estado otorga a las universidades, que -en su opinión- debe apuntar hacia la transformación universitaria, “un presupuesto que responda a las nuevas exigencias de las academias, dentro del contexto del Proyecto Nacional ‘Simón Bolívar’, más allá de que esas universidades estén o no identificadas desde el punto de vista ideológico y político”.
A este respecto, argumentó finalmente que existe el Estado docente, que le da al Gobierno un control del presupuesto y una capacidad de regulación de la educación en todos sus sentidos.