Prensa MPPEU / OPSU
Texto: Martín Emiro González
 |
| Hung: Se ha hecho un enorme esfuerzo para tener toda la data completa |
La adjunta a la Dirección de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Tibisay Hung, señaló que “la táctica dilatoria para el pago de los pasivos laborales viene del lado de las universidades, que no terminan de entregar la data depurada” del personal egresado, al tiempo que instó a la cúpula de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) a ser honesta consigo misma y a revelar cuál es la agenda política que oculta detrás del llamado a paralizar las clases.
La Fapuv, de manifiesta tendencia opositora al Gobierno Bolivariano, convocó a sus agremiados a suspender las actividades los días jueves 31 de mayo y viernes 01 de junio, medida que se cumplió de manera parcial sólo en las instituciones dirigidas por autoridades no afectas al proyecto socialista del Presidente Hugo Chávez. El gremio profesoral demanda el pago de pasivos laborales, reconocimiento de la deuda de salario por incumplimiento de las Normas de Homologación de los años 2009 y 2010, algunos meses de 2011 y un incremento 2012, además de un presupuesto “justo” para las casas de estudio.
A lo largo de estas líneas, Hung desmonta estas matrices de opinión que las autoridades de la Fapuv intentan sembrar en la opinión pública para justificar sus radicales acciones.
- ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora de la deuda por pasivos laborales (prestaciones sociales y sus intereses) desde que comenzó la Revolución Bolivariana?
Durante la Cuarta República se generó una deuda impresionante con el tema de los pasivos laborales. Hasta ahora hemos pagado mil 896 millones 751 mil 276 bolívares por prestaciones causadas desde el período 1976 (…). Eso se pagó en el año 2002 - 2003 (…), justo durante el período donde hubo una caída importante de la economía a raíz del golpe de Estado que se dio en este país en abril de 2002. Sin embargo, el Gobierno Revolucionario cumplió con el sector universitario (…). Hemos cancelado las prestaciones sociales hasta el año 2009, lo que quiere decir que el Estado tiene una deuda con los intereses generados por ese concepto.
- ¿Cuánto calculan que se adeuda por intereses de prestaciones sociales?
Desde el año 2001 hasta la fecha, tenemos un estimado que se ubica aproximadamente en 33 mil 165 personas, entre personal administrativo y docente. ¿Cuánto pensamos que es esto?, estamos estimando que es 15 mil 500 millones de bolívares. Estos cálculos los hemos hecho de las nóminas de las universidades, sabemos cuántos se han jubilado, se han retirado o han fallecido, pero se les debe las prestaciones o el interés sobre las prestaciones al familiar, a los herederos, ¿porque ha sido tan difícil?, porque las universidades no han dado la información correcta.
- ¿En qué fase se encuentra actualmente el proceso de cara a la cancelación de la deuda?
Se ha hecho un enorme esfuerzo para tener toda la data completa. En la penúltima sesión del CNU (Consejo Nacional de Universidades) se presentó este tema, indicando a las universidades que la data era inconsistente y que necesitábamos ponernos de acuerdo, tratar de calcular y llegar a una sola cifra. Allí nació la idea de elaborar las historias laborales, que permitan, de verdad, saber si lo que hemos calculado es lo correcto, en ese proceso estamos ahorita.
- ¿Qué tanto se puede dilatar este proceso?, ¿Qué escenarios prevén ustedes para el pago?
Una vez que las universidades manden las datas completas, podremos hablar de un cronograma de entrega. Tendríamos que consolidar toda la data, revisarla y validarla, para eso tenemos programas muy robustos de informática que permitirán, en tiempo récord, verificar cada una de las historias laborales y poder decir que tenemos una data 100 por ciento confiable. La táctica dilatoria no creo que sea de este lado, más bien del lado de las universidades, que no terminan de entregar como debe ser la información.
- ¿Qué tipo de errores contienen las datas?
Son interminables, por ejemplo, una persona que nació en 1847. Esas son las datas que tenemos, por eso las hemos ido devolviendo. Te puedo decir que hay muchísimos errores y la mayoría perjudicaba al beneficiario. A través de las historias laborales, se limpian todos los errores.
- Desde la Fapuv hablan de indiferencia y silencio administrativo por parte de las autoridades del Ministerio para la Educación Universitaria y la Opsu. Dicen que se agotaron todos los canales e intentos de diálogo ¿Qué responde a esta acusación?
La política de la ministra Yadira Córdova ha sido de diálogo permanente con todos los actores. Desde marzo del año pasado estamos en constante diálogo con las universidades respecto a este tema, convocando reuniones, mesas técnicas y es la fecha, estamos a principios de junio de 2012 y todavía no tenemos la data completa. Quienes denuncian que este (paro) es el último cartucho que queman deben ser más sinceros y decir cuál es la agenda oculta que tienen, porque desde este ministerio estamos en pro de defender los derechos del trabajador.
-Dentro de su pliego conflictivo, la Fapuv también demanda un reconocimiento definitivo de la deuda por incumplimiento de las Normas de Homologación. Alegan que los aumentos salariales para el sector se han hecho irrespetando esas Normas. Entendemos que, según un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estas Normas no son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado ¿Cuál es la respuesta oficial sobre este asunto?
En 2011, el Gobierno Bolivariano aprobó para todas y todos los trabajadores de las universidades, entiéndase personal obrero, administrativo y docente, un aumento salarial de 40 por ciento; en este momento está vencida la normativa laboral, ya se discute con los sindicatos y pronto, ya esa es un área que le corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, se llamará a las mesas de negociaciones para firmar la nueva normativa laboral; luego de que se firme es que se otorgará el aumento salarial, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Estado.
Respecto a las Normas de Homologación, en la Constitución no aparece que cada sector del aparato productivo de este país pueda dar el lineamiento para que se le otorgue su aumento de salario. Existe un dictamen del TSJ donde declara absolutamente ilegal esas Normas de Homologación.
- Los gremios de oposición piden el nombramiento de una comisión técnica para la discusión del aumento salarial 2012, que para ellos debe estar en 45 por ciento de acuerdo a los índices inflacionarios ¿Está el Estado venezolano en capacidad financiera de responder a tal exigencia?
Eso dependerá de la discusión de la normativa laboral para todos los sectores y tienen que acogerse a lo que se apruebe.
- Las autoridades universitarias, en especial la de las instituciones autónomas, alegan insuficiencia presupuestaria para el funcionamiento mínimo de las universidades. Hablan de un ahogo presupuestario ¿Cómo determinan la asignación de los recursos a las universidades?
-Parto del principio de la economía que te dice que las necesidades del ser humano son ilimitadas, pero los recursos financieros o materiales para satisfacer esas necesidades son limitados, escasos. Tengo que tratar de formular un presupuesto de la forma más realista que pueda, pero no, la cultura en las universidades es formular un presupuesto muy por encima de sus necesidades, sin tomar en cuenta verdaderamente el costo de los proyectos, porque históricamente así se distribuía el presupuesto y en este momento en que la revolución organiza la casa y la caja financiera, comienzan a exigir, ¿tú necesitas tanto? Pero de acuerdo a los documentos que tú me das para justificar esa cantidad, eso no es cierto, por lo que te daré esto, que es lo que tú me justificas, por ejemplo, tomando en cuenta la nómina, el número de estudiantes que atiendes, el nivel de municipalización de la enseñanza que brindas, el nivel de investigación, entre otros, te daremos esos recursos hasta donde tú puedas justificar.
